miércoles, 14 de septiembre de 2011

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso recibió testimonios sobre la persecución política en Merlo



Página 12, Miércoles 14 de septiembre

EL PAIS › PRESENTACION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS

Con denuncias de Merlo al Congreso 

Por Miguel Jorquera

La Comisión de Derechos Humanos de Diputados recibió ayer el testimonio de una veintena de “víctimas de la persecución política, la violencia y el abuso de poder” en Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense. Militantes de distintas agrupaciones políticas, sociales, de derechos humanos y religiosas relataron cómo sufrieron “sistemáticas campañas de difamación pública”, “amenazas” y “aprietes de todo tipo” de parte del aparato político que comanda el intendente peronista Raúl Othacehé. La comisión legislativa enviará la versión taquigráfica de las denuncias al resto de los diputados nacionales, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según los relatos, el poder político de Merlo hostiga cualquier expresión política opositora o reclamos sociales. Hubo una seguidilla de testimonios de ex concejales de distintos partidos, que una vez electos sufrieron campañas de difamación pública, que siguieron con denuncias penales y la destitución para “limpiar” el Concejo Deliberante de opositores.
La docente María Fernanda Márquez y Fernando Aguirre –contaron– fueron destituidos con acusaciones falsas, que sólo se aclararon en la Justicia una vez que se terminaron sus mandatos como ediles. Horacio Cepeda, actual concejal de Libres del Sur (elegido en la lista de Nuevo Encuentro en 2009), fue destituido y repuesto en su banca por la Corte Suprema provincial y ahora está con prisión domiciliaria por un supuesto delito de “extorsión” que todavía se dirime en la Justicia de Morón.
Todos los testimonios apuntan a Othacehé, que gobierna Merlo desde 1991. En 2000, el ex senador radical y comerciante de Merlo Manuel De Armas se suicidó a lo bonzo frente a la gobernación bonaerense por “la persecución política y económica” de las autoridades municipales. Por entonces, Othacehé había pedido licencia para asumir como ministro de Gobierno del gobernador Carlos Ru-ckauf. Tras la crisis de 2001 y de vuelta en Merlo, “la patota” del intendente fue sindicada como la que golpeó salvajemente a una movilización de caceroleros que reclamaban por sus ahorros.
El párroco de Pontevedra, Miguel Velo, sufrió en carne propia amenazas y la difamación pública por denunciar la situación social de su barrio y la defensa de los obreros despedidos del ex frigorífico Cepa. En 2007, varios partidos y agrupaciones opositoras propusieron la candidatura a intendente del cura Raúl Vila y la consigna “Merlo tiene cura”. Vila vivió lo mismo que Velo, y ahora tiene abierta una causa penal, promovida por el municipio, “por supuesta administración fraudulenta”.

_____________________________________________________

NCN Noticias Congreso Nacional 

www.ncn.com.ar

Graves denuncias contra el intendente de Merlo por persecución política y violencia


2011-09-13 21:22
La Comisión de Derechos Humanos recibió testimonios sobre los casos de abuso de poder en el municipio que gobierna Raúl Othacehé. Lo acusan de ser la cabeza de un “entramado de impunidad" junto a los Tribunales de Morón.

Esta tarde la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja recibió testimonios sobre los reiterados casos de persecución, violencia y abuso de poder en el municipio de Merlo. Hubo graves denuncias contra Raúl Othacehé, intendente del distrito, acusado de ser la cabeza de un “entramado” de impunidad en complicidad con los Tribunales de Morón.
A sala llena de vecinos de Merlo, la reunión presidida por Victoria Donda contó con la presencia de los diputados María Luisa Storani (UCR), Roy Cortina (PS), Horacio Alcuaz (GEN), Cecilia Mechan (Libres del Sur) y Elsa Quiroz (Coalición Cívica), quienes se comprometieron a trabajar en conjunto para enfrentar la delicada situación política que se vive en el municipio del Conurbano bonaerense.
Y, como ha sucedido en varias reuniones en las que se tratan temas contrarios al gobierno nacional, el oficialismo pegó el faltazo a la convocatoria.
Al comienzo de la reunión, Donda recordó que el año pasado la Comisión de Derechos Humanos se reunió junto a Caritas en el distrito para receptar denuncias, pero que desde entonces “la situación ha empeorado”. “Nos está cansando la impunidad sistemática que vienen sufriendo los compañeros”, sostuvo la legisladora del FAP.
De este modo, hizo alusión al episodio que lo tiene como protagonista al concejal y maestro del Movimiento Libres del Sur, Horacio “Lula” Cepeda, quien está detenido “víctima de una causa armada por el poder político”, y manifestó que están evaluando la posibilidad de llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Se nos ha agotado la paciencia”, dijo.
“Tendremos que agotar todas las instancias, incluso los estrados internacionales”, salió en su respaldo el socialista Cortina, al igual que la radical Storani quien sostuvo que en el Conurbano se están viviendo situaciones “dictatoriales”.
Por su parte, la diputada Quiroz dijo que, tras recorrer el distrito, “la gente se está animando a denunciar” la persecución política y la violencia. “Es moneda corriente que se persiga a quienes hagan política de un lado diferente al intendente local”, sentenció Alcuaz minutos después; en tanto que Merchán llamó a “levantar la voz contra Othacehé y su banda”.
Las denuncias
Entre las decenas de denuncias que recibió la Comisión de Derechos Humanos, las cuales quedaron registradas en versión taquigráfica para su posterior análisis, se hizo hincapié en la campaña de difamación pública –mediante afiches o folletos-, así como las amenazas y  los aprietes de todo tipo contra personalidades políticas, religiosas y sociales que no comulgan con la línea política oficial.
María Fernanda Márquez, ex concejal del FREPASO, dijo que Othacehé “es exactamente lo mismo que los militares han sido”. “La gente tiene miedo; las elecciones en Merlo son una payasada, ¿en qué distrito sucede que en la tarde de las elecciones los fiscales terminen presos?”, se cuestionó la concejal destituida.
El también ex concejal Fernando Aguirre, quien fue expulsado por negarse a votar la privatización de la recolección de residuos, reconoció que ha sido “sistemáticamente perseguido”, al igual que sus hijos, quienes “fueron seguidos a la salida de la escuela”. De igual modo, Aguirre dijo que en Merlo “un opositor no puede tener un negocio habilitado porque es clausurado de inmediato”.
Por su parte, Roxana Mattarolo, abogada defensora del concejal detenido “Lula” Cepeda, narró su experiencia personal que comenzó en 2004, tras haber investigado un caso de remises truchos. Dijo que aún hoy está vigente una “causa armada” en la que se la acusa de “haber apretado con un arma a un puntero de Othacehé” y acusó a la Justicia moronense al respecto.
 “Esta situación absurda no tendría base si no contara con la connivencia del Poder Judicial de Morón sosteniendo el sistema perverso de este hombre”, expresó.
Gustavo Menéndez, candidato a intendente por el partido Grande Merlo, también denunció persecución por parte del poder político local. Enumeró que tuvo “123 panfletos difamatorios” en su contra y “1300 actas de infracción por publicidad ilegal”, lo que implicaría casi 300 mil pesos en multas.
Igualmente, Menéndez denunció las amenazas de muerte que recibió. Mencionó también que “había sido tiroteado el frente de la casa de su madre” y que le habían “reventado” la casa el día de las elecciones, dejándole una boleta con la cara de Othacehé.
Las historias más desgarradoras vinieron de mano de Gastón Marin, quien contó cómo el propio intendente de Merlo le ofreció 50 mil pesos para que silenciara la muerte de su propia hija -sucedida en circunstancias sospechosas en un hospital del distrito- y cómo el juez de turno lo amenazó para que deje de reclamar el esclarecimiento de los hechos; así como la historia de Carmén Villafañe, la fundadora del comedor “La Estrellita” que sufrió el secuestro de una de sus hijas de 16 años, la cual fue torturada por desconocidos.
Algunos de los hechos sucedidos en Merlo fueron denunciados oportunamente ante el Programa Anti Impunidad, la Secretaría de Derechos  Humanos de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.